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En conjunto, los preceptos de este capítulo IV del Libro III de la Ley aprovechan la gran experiencia acumulada a lo largo de años en que, a falta muchas veces de normas precisas, se han ido poniendo de relieve diversos problemas reales y se han buscado soluciones y formulado propuestas con buen sentido jurídico. La Ley dedica un capítulo especial a las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados. El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que este régimen no vulnera la Constitución e introducir cambios sustanciales en el mismo podría alterar gravemente el mercado del crédito hipotecario, lo que no parece en absoluto aconsejable.

Mención especial ha de hacerse del cambio relativo a la ejecución no dineraria. Era preciso, sin duda, modificar un regulación claramente superada desde muy distintos puntos de vista. Esta Ley introduce los requerimientos y multas coercitivas dirigidas al cumplimiento de los deberes de hacer y no hacer y se aparta así considerablemente de la inmediata inclinación a la indemnización pecuniaria manifestada en la Ley de Sin embargo, se evitan las constricciones excesivas, buscando el equilibrio entre el interés y la justicia de la ejecución en sus propios términos, por un lado y, por otro, el respeto a la voluntad y el realismo de no empeñarse en lograr coactivamente prestaciones a las que son inherentes los rasgos personales del cumplimiento voluntario.

Se supera así una lamentable situación, caracterizada por escasas e insuficientes normas, dispersas en la Ley de y en otros muchos cuerpos legales. Pero la generalidad y la amplitud no son vaguedad, inconcreción o imprudencia. La Ley se apoya en doctrina y jurisprudencia sólidas y de general aceptación. El "fumus boni iuris" o apariencia de buen derecho, el peligro de la mora procesal y la prestación de caución son, desde luego, factores fundamentales imprescindibles para la adopción de medidas cautelares.

La instrumentalidad de las medidas cautelares respecto de la sentencia que pueda otorgar una concreta tutela y, por tanto, la accesoriedad y provisionalidad de las medidas se garantizan suficientemente con normas adecuadas. Se procura, con disposiciones concretas, que las medidas cautelares no se busquen por sí mismas, como fin exclusivo o primordial de la actividad procesal. Se trata de que las medidas resulten en verdad eficaces para lograr, no sólo que la sentencia de condena pueda ejecutarse de alguna manera, sino para evitar que sea ilusoria, en sus propios términos.

Aunque necesarias para conjurar el "periculum in mora", las medidas cautelares no dejan de entrañar, como es sabido, otros peligros y riesgos. De modo que es preciso también regular cuidadosamente, y así se ha pretendido en esta Ley, la oposición a las medidas cautelares, su razonable sustitución, revisión y modificación y las posibles contracautelas o medidas que neutralicen o enerven las cautelares, haciéndolas innecesarias o menos gravosas.

Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de comenzar el proceso, junto con la demanda o pendiente ya el litigio. Como regla, no se adoptan sin previa contradicción, pero se prevé que, en casos justificados, puedan acordarse sin oír al sujeto pasivo de la medida que se pretende. En dichos casos, se establece una oposición inmediatamente posterior.

Frente a alguna posición partidaria de atribuir el conocimiento y resolución acerca de las medidas cautelares a un órgano jurisdiccional distinto del competente para el proceso principal, la Ley opta por no separar la competencia, sin perjuicio de que no implique sumisión, respecto del proceso, la actuación de la parte pasiva en el procedimiento relativo a medidas solicitadas antes de la interposición de la demanda.

Esta opción no desconoce el riesgo de que la decisión sobre las medidas cautelares, antes de la demanda o ya en el seno del proceso, genere algunos prejuicios o impresiones en favor o en contra de la posición de una parte, que puedan influir en la sentencia. Todo esto, sin contar con la menor complejidad procedimental que comporta no separar la competencia. En primer lugar, los que, con inequívocas e indiscutibles particularidades, han de servir de cauce a los litigios en asuntos de capacidad, filiación y matrimoniales. Junto a este procedimiento, se regula otro específicamente concebido para servir de cauce a la liquidación judicial del régimen económico matrimonial, con el que se da respuesta a la imperiosa necesidad de una regulación procesal clara en esta materia que se ha puesto reiteradamente de manifiesto durante la vigencia de la legislación precedente.

En síntesis, este procedimiento se inicia mediante solicitud, para la que pueden emplearse impresos o formularios, dirigida al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor, sin necesidad de intervención de procurador y abogado. Punto clave de este proceso es que con la solicitud se aporten documentos de los que resulte una base de buena apariencia jurídica de la deuda. La ley establece casos generales y otros concretos o típicos. Es de señalar que la eficacia de los documentos en el proceso monitorio se complementa armónicamente con el reforzamiento de la eficacia de los genuinos títulos ejecutivos extrajudiciales.

Este juicio es entendido como proceso ordinario y plenario y encaminado, por tanto, a finalizar, en principio, mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada. En el seno de esta ejecución forzosa cabe la limitada oposición prevista en su lugar, pero con la particularidad de que se cierra el paso a un proceso ordinario en que se reclame la misma deuda o la devolución de lo que pudiera obtenerse en la ejecución derivada del monitorio. Este cierre de las posibilidades de litigar es conforme y coherente con la doble oportunidad de defensa que al deudor le asiste y resulta necesario para dotar de eficacia al procedimiento monitorio.

El juicio cambiario, por su parte, no es sino el cauce procesal que merecen los créditos documentados en letras de cambio, cheques y pagarés. Mediante las disposiciones adicionales segunda y tercera se pretende, por un lado, hacer posibles las actualizaciones y adaptaciones de cuantía que en el futuro sean convenientes, entre las cuales la determinada por la plena implantación del euro y, por otra parte, la efectiva disposición de nuevos medios materiales para la constancia de vistas, audiencias y comparecencias.

En su primer apartado, la disposición derogatoria se refiere, en primer lugar, a la misma Ley de Enjuiciamiento Civil de , con necesarias excepciones temporales a la derogación general, en razón de futuras Leyes reguladoras de la materia concursal, de la jurisdicción voluntaria y de la cooperación jurídica internacional en materia civil.

En numerosas ocasiones, esos preceptos son sustituidos por normas nuevas en la presente Ley. Otras veces, se integran en ella. La raigambre de dichas normas ha aconsejado no derogarlas, sin perjuicio de la posibilidad de que, en el futuro, sean perfeccionadas. En cuanto a las disposiciones finales, algunas se limitan a poner en consonancia las remisiones de leyes especiales a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Otras, en cambio, modifican la redacción de ciertos preceptos en razón de las innovaciones contenidas en esta Ley. Tal es el caso, por ejemplo, de ciertos apartados del artículo 15 y de la disposición adicional primera de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Introducido en nuestro ordenamiento el proceso monitorio y contempladas expresamente en la ley las deudas por plazos impagados contra lo previsto en los contratos regulados en dicha ley, parece obligado que la virtualidad consistente en llevar aparejada ejecución, atribuida a ciertos títulos, haya de acomodarse a lo dispuesto para ésta.

La modificación del artículo 11 de la Ley de Arbitraje viene exigida por el cambio en el tratamiento procesal de la jurisdicción que la presente Ley opera. Las reformas en la Ley Hipotecaria, estudiadas con singular detenimiento, buscan cohonestar la regulación de esta Ley con la mayor integridad y claridad de aquélla. Son necesarios también ciertos cambios en las leyes procesales laboral y penal, regulando de modo completo la abstención y recusación en los correspondientes procesos y algunos otros extremos concretos. En la línea seguida por esta Ley en el sentido de facilitar la prestación de cauciones o la constitución de depósitos, se reforma la disposición adicional de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

Lo que importa a la Administración de Justicia, en razón de los legítimos derechos e intereses de muchos justiciables, no es que otros justiciables dispongan de dinero en efectivo para destinarlo a depósitos y cauciones, sino que, en su momento, unas determinadas sumas de dinero puedan inmediatamente destinarse a las finalidades que la ley establezca. Se añade el punto 8 al apartado 1 por el art. Se añade el apartado 8 por la disposición final 3. Se modifica el apartado 1 por la disposición final 3.

Artículo Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios. Las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6. Se añade el apartado 4 por el art. Artículo 11 bis. Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres. Se añade por la disposición adicional 5. Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados.

Se modifica el apartado 3 por el art. Se modifica el apartado 2 por el art. Publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

Se modifican los apartados 1, 2 y 3 por el art. Artículo 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia y de protección de datos. Se añade por la disposición adicional 2. Se modifica por el art. Se modifica el apartado 1 por el art. Se añade el apartado 3 por la disposición final 3. En el caso a que se refiere la regla 4. Del poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones. Derecho de disposición de los litigantes.

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Transacción y suspensión. Se modifica el apartado 1 por la disposición final 2. Se modifica el apartado 4 por el art. Se añade el apartado 3 por el art. Terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. Caso especial de enervación del desahucio.

Se modifica el apartado 4 y se añade el apartado 5 por el art. Se modifican los apartados 1 y 2 y se añaden los apartados 4 a 6 por el art. Se modifica el apartado 2. Le corresponde la obligación de colaborar con los órganos jurisdiccionales para la subsanación de los defectos procesales así como la realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso.

Se modifica el punto 7 del apartado 2 por el art. Se modifican los puntos 1 y 8 del apartado 2 y se añade el 9 por el art. Se añade el punto 8 al apartado 2 por el art. Se modifica el apartado 5 por el art. Fuera de los casos de designación de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio. Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. Sección 1.

Extensión y límites del orden jurisdiccional civil. Falta de competencia internacional. Se modifica la circunstancia 1. Apreciación de oficio de la falta de competencia internacional y de jurisdicción. Apreciación de la falta de competencia internacional o de jurisdicción a instancia de parte. Se modifica por la disposición final 3. Se modifica por la disposición final 2.

Se modifican los apartados 5 y 6 por el art. Recursos contra la resolución sobre suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal. Para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores a la incoación de las actuaciones de que se trate. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.

Se modifica por la disposición final 4. A los Juzgados de Paz corresponde el conocimiento, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a 90 euros que no estén comprendidos en ninguno de los casos a que, por razón de la materia, se refiere el apartado 1 del artículo Apreciación de la falta de competencia objetiva a instancia de parte. Artículo 49 bis.

Pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Se añade por el art. Fuero general de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad. Se modifica el apartado 2 y se añade el 3 por el art. Téngase en cuenta que el punto 17 del apartado 1 entra en vigor el 30 de junio de Se añade el punto 17 al apartado 1 por la disposición final 4. Se añade el punto 16 al apartado 1 por el art. Competencia territorial en caso de acumulación de acciones y en caso de pluralidad de demandados. Se modifica el punto 2 por el art.

Apreciación de oficio de la competencia para conocer de los recursos. Contenido de la declinatoria, legitimación para proponerla y tribunal competente para conocer de ella. Momento procesal de proposición de la declinatoria y efectos inmediatos. Recursos en materia de competencia internacional, jurisdicción, sumisión a arbitraje o mediación y competencia objetiva. Efecto principal de la acumulación. Acumulación objetiva de acciones.

Acumulación eventual. Admisibilidad por motivos procesales de la acumulación de acciones. Legitimación para solicitar la acumulación de procesos. Acumulación acordada de oficio. Se modifican los apartados 2 y 4 por el art. Proceso en el que se ha de pedir o acordar de oficio la acumulación. Sustanciación y decisión del incidente de acumulación de procesos. Efecto no suspensivo de la solicitud o del inicio de actuaciones de oficio para la acumulación de procesos.

Legislación consolidada

Contenido del auto que declara procedente la acumulación de procesos. Recepción del requerimiento de acumulación por el Tribunal requerido y vista a los litigantes. Efectos de la aceptación de la acumulación por el Tribunal requerido. Efectos de la no aceptación de la acumulación de procesos por el tribunal requerido. Casos en que corresponde la acumulación de procesos singulares a un proceso universal.

De la abstención de Jueces, Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales y del personal al servicio de los tribunales civiles. Se modifican los apartados 2 y 3 por el art.

Se modifica el apartado 1 y se añade el apartado 4 por el art. Sustanciación del incidente de recusación y efectos de éste en el asunto principal. Especialidades del incidente de recusación en juicios verbales. Otros casos especiales. Se deja sin contenido por el art. Competencia para instruir y resolver los incidentes de recusación. De la recusación de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa, y de Auxilio Judicial. Competencia para instruir y resolver el incidente de recusación.

Sustanciación del incidente; aceptación o negativa de la recusación por el recusado. Esta disposición es aplicable tanto a los peritos titulares como a los suplentes. Se modifica el título y el apartado 1 por el art. Se modifican los apartados 1 y 4 por el art. Presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales. Se modifica por la disposición final 6. Se reenumera el apartado 3 como 4 y se añade el apartado 3 por el art. Se añade el apartado 4 y se modifican las referencias a los "Secretarios judiciales" por la disposición final 4.

Las deliberaciones de los tribunales colegiados son secretas. Se modifican los apartados 1 y 2 por la disposición final 4. Se añade por la disposición final 2. Se modifica por la disposición adicional Documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido. Véase la disposición transitoria 4 de la citada ley en cuanto al plazo del apartado 2. Se modifica el apartado 2 por la disposición final 6. Se modifican los apartados 1 y 5 por el art. Se modifican los apartados 1, 3 y 4 por el art.

Comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que no sean parte en el juicio. Remisión de las comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes. Responsabilidad de los funcionarios y profesionales intervinientes en la comunicación procesal. Se modifican los apartados 1 a 3 por el art. Impulso procesal y suspensión del proceso por acuerdo de las partes.

Durante el desarrollo de las vistas corresponde al Juez o Presidente, o al Letrado de la Administración de Justicia en el caso de vistas celebradas exclusivamente ante él, la dirección de los debates y, en particular:. Se modifica el apartado 1. Cambios en el personal juzgador después del señalamiento de vistas y posible recusación. Efectos de la decisión de la recusación formulada después de la vista. Artículo bis. Cambio del Letrado de la Administración de Justicia después del señalamiento. Posible recusación. Se modifican los apartados 1 y 3 por el art.

Letrados de la Administración de Justicia a los que corresponda resolver. Información de los Magistrados sobre el contenido de los autos en tribunales colegiados. Deliberación y votación de las resoluciones en tribunales colegiados. Forma de la discusión y votación de las resoluciones en los tribunales colegiados. Impedimento del Juez o del Letrado de la Administración de Justicia que hubiere asistido a la vista o comparecencia.

En los tribunales colegiados corresponde al ponente la redacción de las resoluciones que se hayan sometido a discusión de la Sala o Sección, si se conformare con lo acordado. Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias dictadas por los jueces y Tribunales. Se modifica la regla 2 del apartado 1 por la disposición final 3. Resoluciones definitivas. Resoluciones firmes. Cosa juzgada formal. Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas.

Son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Se modifica el apartado 2 y las referencias a los "Secretarios judiciales" por la disposición final 4. Se añade el apartado 3 por la disposición adicional 2.

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Se modifican los apartados 2 y 3 y se añade el apartado 4 por el art. Subsanación y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos. Se modifican los apartados 2 y 4 y se añade el apartado 5 por el art. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. Se reenumeran los apartados 5 y 6 como 6 y 7 y se añade un apartado 5 por la disposición adicional 5. Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios.

Se numera el apartado 1 y se añade el apartado 2 por el art. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo de esta Ley. Declaración de nulidad y pretensiones de anulación de actuaciones procesales.

Citación a comparecencia de las partes. Efectos de su inasistencia. Inicio de la comparecencia. Inexistencia de controversia. Prueba y decisión. De la cesación de las actuaciones judiciales y de la caducidad de la instancia. Exclusión de la caducidad por fuerza mayor o contra la voluntad de las partes. Se modifica el punto 7 del apartado 1 por el art. Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno.

Se modifican los apartados 3 y 4 por el art. Respeto a las reglas de la buena fe procesal. Multas por su incumplimiento. Se modifica el apartado 3 y se añade el apartado 5 por el art. Se modifica el punto 11 del apartado 1 por el art. Se añade el punto 13 al apartado 1 por el art. Se añade el punto 12 al apartado 1 por el art.

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Se modifica la regla 9 por el art. Reglas especiales en casos de procesos con pluralidad de objetos o de partes. Se modifica la regla 2 por el art. Se modifican los apartados 1, 2 y 4 por el art. Impugnación de la cuantía y de la clase de juicio por razón de la cuantía. Por la petición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie, en las condiciones y con el contenido que establece la ley.

Se modifica el punto 7 y se añaden los puntos 10 y 11 al apartado 1 por el art. En el caso de las diligencias del artículo Se añaden los apartados 3 y 4 por el art. Efectos de la decisión. Cuando se trate de las diligencias a que se refiere el artículo Documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto.

Se modifica el apartado 3 y se suprime el 4 por el art. Consecuencias de la falta de presentación inicial. Casos especiales. Preclusión definitiva de la presentación y excepciones a la regla. Inadmisión de documento presentado injustificadamente en momento no inicial del proceso. Téngase en cuenta, para su aplicación, la disposición final Traslado por la oficina judicial de las copias a las otras partes interesadas, cuando no intervengan procuradores. Traslado de copias de escritos y documentos cuando intervenga procurador. Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia.

Artículo bis a. Exhibición de las pruebas en procesos para el ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia. El presente apartado se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los tribunales españoles que derivan del Reglamento CE n. Artículo bis e.

Momento para la solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba. En caso de no hacerlo:. La solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba puede incluir también la solicitud de medidas de aseguramiento de prueba, si procedieren con arreglo a los artículos y de esta ley. Artículo bis h. Artículo bis i. Exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia.

Artículo bis j. Límites impuestos al uso de pruebas obtenidas exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de la competencia. Artículo bis k. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y uso de las fuentes de prueba.

Señalamiento para actos de prueba que se practiquen separadamente. Custodia de los materiales de las actuaciones de prueba anticipada. Se modifica el apartado 2 y se añade el apartado 4 por el art. Procedimiento para la adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba. Facultades del tribunal e intervención de abogados. Interrogatorio cruzado. Negativa a declarar, respuestas evasivas o inconcluyentes y admisión de hechos personales.

Interrogatorio de persona jurídica o de entidad sin personalidad jurídica. Cotejo o comprobación. Se consideran documentos privados, a efectos de prueba en el proceso, aquellos que no se hallen en ninguno de los casos del artículo Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con objetividad. Se modifica el apartado 3 por la disposición final 3. Se añade el apartado 3 por la disposición final 2. Se modifican los apartados 1 y 4 y se añade el 5 por el art. Aportación posterior.

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Solicitud de intervención de los peritos en el juicio o vista. Solicitud de designación de peritos por el tribunal y resolución judicial sobre dicha solicitud. Designación de peritos por el tribunal, sin instancia de parte. Pulse para acceder al servicio 'BOE a la carta'.

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Publicado en: Entrada en vigor: Jefatura del Estado Referencia: III Con perspectiva histórica y cultural, se ha de reconocer el incalculable valor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de V En cuanto a su contenido general, esta Ley se configura con exclusión de la materia relativa a la denominada jurisdicción voluntaria, que, como en otros países, parece preferible regular en ley distinta, donde han de llevarse las disposiciones sobre una conciliación que ha dejado de ser obligatoria y sobre la declaración de herederos sin contienda judicial.

VIII El objeto del proceso civil es asunto con diversas facetas, todas ellas de gran importancia. X El Libro II de la presente Ley, dedicado a los procesos declarativos, comprende, dentro del Capítulo referente a las disposiciones comunes, las reglas para determinar el proceso que se ha de seguir. XII Enseña la experiencia, en todo el mundo, que si, tras las iniciales alegaciones de las partes, se acude de inmediato a un acto oral, en que, antes de dictar sentencia también de forma inmediata, se concentren todas las actividades de alegación complementaria y de prueba, se corre casi siempre uno de estos dos riesgos: XIII Esta Ley contiene una sola regulación del recurso de apelación y de la segunda instancia, porque se estima injustificada y perturbadora una diversidad de regímenes.

El recurso de casación ante el Tribunal Supremo puede plantearse, en resumen, con estos dos objetos: XVI La regulación de la ejecución provisional es, tal vez, una de las principales innovaciones de este texto legal. XVII En cuanto a la ejecución forzosa propiamente dicha, esta Ley, a diferencia de la de , presenta una regulación unitaria, clara y completa.

XIX La Ley establece los procesos especiales imprescindibles. XX Mediante las disposiciones adicionales segunda y tercera se pretende, por un lado, hacer posibles las actualizaciones y adaptaciones de cuantía que en el futuro sean convenientes, entre las cuales la determinada por la plena implantación del euro y, por otra parte, la efectiva disposición de nuevos medios materiales para la constancia de vistas, audiencias y comparecencias.

Principio de legalidad procesal. Aplicación en el tiempo de las normas procesales civiles. Clases de tutela jurisdiccional. Capacidad para ser parte. Comparecencia en juicio y representación. Integración de la capacidad procesal. BOE-A Se modifica el apartado 1 por la disposición final 3. Apreciación de oficio de la falta de capacidad. Condición de parte procesal legítima. BOE-A Se modifica el apartado 3 por el art. Intervención provocada. BOE-A Se modifica el apartado 2 por el art. BOE-A Se añade el apartado 4 por el art. BOE-A Se añade por la disposición adicional 2. Sucesión procesal por muerte.

BOE-A Se modifica por el art. Sucesión por transmisión del objeto litigioso. BOE-A Se modifica el apartado 1 por el art. BOE-A Se añade el apartado 3 por la disposición final 3. Sucesión en los casos de intervención provocada. Renuncia y desistimiento. BOE-A Se modifica el apartado 4 por el art. Intervención de procurador. BOE-A Se modifica el apartado 2. Apoderamiento del procurador.

Poder general y poder especial. Aceptación del poder. Deberes del procurador. La aceptación del poder se presume por el hecho de usar de él el procurador. BOE-A Se modifican los puntos 1 y 8 del apartado 2 y se añade el 9 por el art. Derecho supletorio sobre apoderamiento. Representación pasiva del procurador. Provisión de fondos. Cesación del procurador. Intervención de abogado. Intervención no preceptiva de abogado y procurador. Designación de procurador y de abogado. Cuenta del procurador. BOE-A Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. Honorarios de los abogados. Falta de jurisdicción.

Abstención de los tribunales civiles. Prejudicialidad penal. BOE-A Se modifican los apartados 5 y 6 por el art. BOE-A Se añade el apartado 3 por el art. Cuestiones prejudiciales no penales. Prejudicialidad civil. Predeterminación legal de la competencia. Competencia de los Juzgados de Primera Instancia.

Especialización de algunos Juzgados de Primera Instancia. Competencia de los Juzgados de Paz. Apreciación de oficio de la falta de competencia objetiva. Fuero general de las personas físicas. Competencia territorial en casos especiales. Sumisión expresa. Sumisión expresa y reparto. Apreciación de oficio de la competencia territorial. Alegación de la falta de competencia territorial.

Conflicto negativo de competencia territorial. Competencia funcional por conexión. Tramitación y decisión de la declinatoria. Recursos en materia de competencia territorial. Obligatoriedad del reparto. Tratamiento procesal. Plazo en que debe efectuarse el reparto. Medidas urgentes en asuntos no repartidos. Acumulación subjetiva de acciones. Finalidad de la acumulación de procesos. Casos en los que procede la acumulación de procesos. Procesos acumulables. Improcedencia de la acumulación de procesos.

Acumulación de procesos en el juicio verbal. Solicitud de la acumulación de procesos. Desestimación inicial de la solicitud de acumulación de procesos. Efectos del auto que otorga la acumulación. Efectos del auto que deniega la acumulación. Normas aplicables. Solicitud de acumulación de procesos. Resolución sobre el requerimiento de acumulación. Sustanciación de la discrepancia ante el tribunal competente. Decisión de la discrepancia. Prohibición de un segundo incidente de acumulación.

Deber de abstención. Legitimación activa para recusar. Abstención de Jueces y Magistrados. BOE-A Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. Abstención de los Letrados de la Administración de Justicia. Abstención de los peritos. Abstención de los miembros del Ministerio Fiscal. Tiempo y forma de proponer la recusación. Competencia para instruir los incidentes de recusación. Competencia para decidir el incidente de recusación. Decisión del incidente, costas y multa. Notificación del auto y recursos. Regulación aplicable.

Sin contenido Se deja sin contenido por el art. Informe del recusado. Aceptación de la recusación por el recusado. Oposición del recusado y sustanciación de la recusación. Legislación aplicable. Inadmisión del escrito de recusación. Forma de proponer la recusación de los peritos. Admisión del escrito de recusación. Sustanciación y decisión del incidente de recusación. Lugar de las actuaciones judiciales. BOE-A Se modifican los apartados 1 y 4 por el art.

Plazos y términos. Cómputo de los plazos. Improrrogabilidad de los plazos. Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables.